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Aprobada la Ley 2/2023 de Protección del Informante, que obliga a las empresas a contar con un canal de denuncias.

La fundamental novedad de la Ley 2/2023 de Protección del Informante es la obligación para las empresas con 50 personas trabajadoras o más, de implantar un Sistema Interno de Información con el fin de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional observen infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los dispositivos regulados en el mismo.

¿Quién está obligado a establecer un Canal de Denuncias?

  1. Todas las empresas privadas que tengan más de 50 personas trabajadoras.
  2. Todas las entidades que integran el sector público.
  3. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos.

¿Qué se puede denunciar?

Cualquier supuesta irregularidad, acto contrario a la legalidad oa las normas internas; incluidas también las eventuales irregularidades relativas a temas contables, cuestiones relativas a auditoría y/o aspectos relacionados con el control interno sobre el reporte financiero. (Tratos discriminatorios o tráfico de influencias, mal uso de información clasificada, acoso laboral y/o sexual, fraudes y corruptelas…).

Requisitos del sistema de información

La configuración del sistema interno de información debe reunir determinados requisitos, entre otros, su uso asequible, las garantías de confidencialidad, las buenas prácticas de seguimiento, investigación y protección del informante.
Asimismo, resulta esencial para la eficacia del sistema interno de información la identificación del responsable interno, que velará por el correcto funcionamiento y gestión.

Plazos

  1. La Ley establece los siguientes plazos:
    De tres meses desde la entrada en vigor de la Ley para las empresas de más de 249 personas trabajadoras.
  2. Hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas con una plantilla de entre 50 y 249 personas trabajadoras.

Sanciones por su funcionamiento incorrecto

  1. Multas de entre 1.001 euros y 1.000.000 de euros.
  2. Amonestación pública
  3. Prohibición de participar en subvenciones u otros beneficios fiscales
  4. Podrán ser apartados de la contratación con el sector público

Ventajas de Implementar un sistema de información

  • Prevención de comportamientos negativos antes de que se intensifiquen
  • Reducción de las pérdidas
  • Favorece la comunicación y la confianza
  • Proporciona información relevante
  • Mejora el clima laboral

Desde GESTORIA DE LA GUARDIA consideramos esencial el cumplimiento de la legislación vigente en la materia y desde nuestro departamento jurídico podemos ayudarle a su implantación.

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